sábado, 17 de octubre de 2009

COMO SE TRATA A LOS RICOS Y POLITICOS EN MI PAIS

HAY GENTE CON MUCHA SUERTE

Lo que resulta inconcebible e inaceptable es que la audiencia en la cual se ordenó la devolución de los materiales robados no hubo ninguna representación de la parte agraviada. No hubo nadie del ministerio público y mucho menos de la Secretaría de Educación.

Santo Domingo.- (CB).- Nathalie de las Mercedes Cabrera Castillo, hija de Dorín Cabrera, y Carmen Rossina Guerrero Heredia, hija de Juan Bosco Guerrero y de Carmen Heredia, son dos mujeres con mucha suerte.

Nathalie logró que la Corte de Apelación del Distrito Nacional la beneficiara con una sentencia que ordena devolverle una gran cantidad de materiales que sustrajo de la Secretaría de Educación mientras se desempeñaba como directora general de Educación Inicial.

Carmen Rossina, quien se desempeñaba como encargada de Recursos Humanos de la misma secretaría, logró que se le calificara como “informante” en el caso del robo de los materiales de educación inicial, a pesar de haber admitido que ella recibía de Natalie y vendía al público parte de los materiales robados en una juguetería de su propiedad.

Ocurre que Nathalie Cabrera aprovechó su cargo en la Secretaría de Educación para sustraer los materiales que recibía el país a título de donaciones, para beneficiar a los niños pobres con edades entre 2 y 5 años.

Por mucho tiempo, la funcionaria fue guardando en un almacén de su propiedad los materiales que debieron ir a parar a los niños pobres, luego creó su colegio de educación inicial privado y lo equipó completamente con los materiales robados.

Su ambición no tuvo límite, y cuando terminó de equipar el colegio y llenó el almacén, decidió vender parte de los materiales robados, los cuales entregaba a consignación a sus compañera de trabajo, la encargada de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, Carmen Rossina Guerrero Heredia, propietaria de una juguetería.

Cuando se conoció el robo, las autoridades del ministerio público requisaron el almacén clandestino, el colegio y la juguetería, donde encontraron e incautaron una gran cantidad de materiales propiedad del programa de Educación Inicial de la Secretaría de Educación.

Pero Nathalie no se dio por vencida. Inició un proceso para lograr que le devolvieran parte de los materiales incautados, alegando que no correspondían a las pertenencias robadas a la Secretaría de Educación.

La primera persona que conoció el reclamo de Nathalie fue el juez Alfredo Ríos Fabián, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien se declaró incompetente para juzgar el caso y lo devolvió.

La jueza Pilar Antonia Rufino Díaz, del Quinto Juzgado de la Instrucción, rechazó las pretensiones de la exfuncionaria cleptómana, “sobre todo, porque los objetos solicitados son similares a los objetos por los cuales la señora Nathalie Cabrera está siendo procesada”.

Paradójicamente, el pasado 28 de febrero, la primera sala de la Cámara Penal del de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó “la devolución de los objetos inventariados por la procesada como de su propiedad”.

Los jueces que ordenaron la devolución de los materiales son Mirian Germán Brito, quien preside el tribunal; Ignacio Camacho Hidalgo, Modesto Martínez, Manuel Hernández Victoria y Francisco Ortega, cuya honestidad no cuestiona quien suscribe.

Lo que resulta inconcebible e inaceptable es que la audiencia en la cual se ordenó la devolución de los materiales robados no hubo ninguna representación de la parte agraviada. No hubo nadie del ministerio público y mucho menos de la Secretaría de Educación.

Al parecer, en este caso, la iglesia está en manos de Lutero, pues según la información de que disponemos, el procurador fiscal adjunto asignado al caso es el señor Luis Alberto González Reyes, un activista del PPH que durante el gobierno pasado se desempeñó como asistente del expresidente del Senado Chu Vásquez, y del Comisionado para la Reforma de la Justicia. Esa sería la razón por la cual no hubo ninguna representación de la sociedad en la audiencia.

Si se ejecuta la devolución de los materiales robados. Si Nathalie Cabrera y Carmen Rossina Guerrero se salen con las suyas. Si los niños pobres del Pograma de Educación Inicial no pueden recuperar esos materiales. Entonces, ¿a dónde iremos a parar?

PREGUNTAS PARA EL PRESIDENTE LEONEL FERNANDEZ (Las coas de mi pais)

Apreciado profesor y Presidente de la República :

Con todo respeto me dirijo a su distinguida persona, con la esperanza de que, en la medida de sus posibilidades, le aclare al pueblo dominicano si realmente usted interpuso sus influencias para que cesara la persecución judicial contra de la señora Nathalie de las Mercedes Cabrera Castillo, acusada de haberse apropiado de materiales, equipos y dinero efectivo por un monto superior a los 27 millones de pesos, mientras se desempeñaba como directora del Departamento de Educación Inicial de la secretaría de Estado de Educación, durante la gestión de la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Como usted sabrá, el día cuatro de mayo de este año, la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Alina Mora de Mármol, emitió la sentencia número 70-06, en la cual declaró “improcesable” a la señora Cabrera y ordenó la suspensión de la persecución penal en su contra, bajo el alegato de que dicha señora no estaba en capacidad de ser juzgada.

La decisión de la magistrada Mora de Mármol se basa en la existencia de un certificado médico expedido por el neurólogo José A. Silié Ruiz y validado por el legista Rafael Bautista Almánzar y por el Ministerio Público, según el cual, la señora Cabrera fue evaluada y se determinó que padecía una “depresión severa y cefaleas crónicas diarias”, lo cual le había obligado a someterse a tratamiento con “antidepresivos, oxigenadores cerebrales y sedantes, etc.”.

Tomando como bueno y válido ese certificado, y sin acudir a ninguna otra fuente médica, la magistrada Mora de Mármol suspendió la persecución contra la imputada, disponiendo que la misma se presente ante el tribunal cada seis meses, “con los estudios médicos que demuestren la evolución de su enfermedad”.

Señor Presidente: en las calles de este país se cuenta la siguiente historia: se dice que el dirigente perredeísta, publicista y radiodifusor José Cabrera, padre de la imputada, logró que usted interviniera en este caso, por la mediación del periodista Julio Martínez Pozo y del sociólogo Carlos Dore Cabral, quienes le habrían convencido de “ayudar a Dorín Cabrera a salir del trago amargo por el que estaba pasando”.

Quien le escribe, tiene particular interés en saber si usted tuvo la participación que se le atribuye en este caso, como supongo lo tendrá la mayoría de los dominicanos y dominicanas que todavía aspiramos a vivir a una sociedad decente.

Recuerde usted mi querido profesor, que la señora Cabrera está acusada de haberse apropiado de todos los equipos y materiales que debieron llegar a los niños pobres del sistema de educación inicial público, siendo ella la directora de ese departamento, para instalar un colegio de su propiedad, y para comercializarlos a través de una tienda propiedad de una hija del doctor Juan Bosco Guerrero, que en ese momento se desempeñaba como directora del departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.

No estamos hablando del robo de 27 millones de pesos Presidente. Hablamos de dos funcionarias de la Secretaría de Educación que tenían la responsabilidad de contribuir al desarrollo de los niños pobres del sistema de educación pública, para lo cual se les pagaba sueldos decentes, y que prefirieron defraudar al país con el único interés de sacar provecho individual.

No me lo imagino a usted impartiendo instrucciones al Ministerio Público para que homologara el certificado médico expedido por el doctor Silié Ruiz sin recurrir a otra evaluación de la imputada a través del Colegio Médico Dominicano.

En este país, todos sabemos que la señora Nathalie Cabrera goza de perfecta salud, y que se ha burlado del pueblo dominicano, con la complicidad del Ministerio Público, que debería ser el representante de los intereses de la sociedad.

Piense usted señor Presidente, que si van a declarar improcesables a todos los imputados que sufran depresión luego de haberse convertido en millonarios sustrayendo los bienes del pueblo, entonces, lo más justo sería abrir las puertas de todas las cárceles y no sancionar a nadie.

Querido profesor, estoy preparado para no recibir ninguna respuesta suya a mis preguntas, pero debo decirle que en el fondo de mi alma, sería un hombre feliz si usted me dice que no ha tenido nada qué ver con este acto de impunidad y si ordena que sea sancionado todo aquel que haya puesto un granito de arena para que se haya consumado un acto tan bochornoso para toda la sociedad dominicana.

Con todo respeto y cariño, le saluda,



Marino Zapete C.
Periodista.

1/10/2006